Compartimos la postura de la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), lamentando la decisión tomada en la última reunión de la Comisión Interministerial de Precios del Medicamento (CIPM) en la que se ha decidido rechazar la financiación de nuevos fármacos alegando “criterios de racionalización del gasto público”, frenando la innovación terapéutica para un colectivo que se ha visto privado de ella durante muchos años.
Y pedimos a los responsables políticos que reconsideren su postura a la mayor brevedad posible, pensando en las personas antes que en cuestiones de “racionalización de gasto”.
A continuación, reproducimos el comunicado de CEAFA:
LA ENFERMEDAD DEL OLVIDO, OLVIDADA POR EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Después de muchos años de sequía terapéutica, por fin las personas que conviven con la enfermedad de Alzheimer han puesto un poco de luz a su esperanza ante la aparición de nuevos fármacos modificadores de la enfermedad. Cierto es que no curan ni cronifican, pero sí retrasan la evolución de la enfermedad durante meses, con lo que ello supone de mejora de la calidad de vida de esas personas y, sobre todo, de ganancia de tiempo de calidad.
Los nuevos fármacos anti-amiloides no son la panacea, ni mucho menos, pero sí abren la puerta a otros nuevos que vendrán y que serán más efectivos y eficaces. Esta dinámica se ha venido repitiendo siempre con otras innovaciones enfocadas a diferentes enfermedades y condiciones (cáncer, SIDA, hepatitis, diabetes, etc.) que en un principio mostraban una eficacia más que cuestionable, pero que ahora han conseguido cronificar, curar o reducir significativamente la mortalidad de muchas patologías. La evolución del tratamiento del Alzheimer no debería ser diferente.
El colectivo Alzheimer (investigadores, médicos, pacientes, familiares, etc.) aplaudió en su momento la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de estos nuevos fármacos, con el convencimiento de que la sequía terapéutica comenzaba el camino de su desaparición. En este sentido, la Confederación Española de Alzheimer ha mantenido reuniones con los responsables de farmacia del Ministerio de Sanidad y de las Comunidades Autónomas para compartir el interés, las necesidades, los intereses y las preocupaciones de las personas afectadas, poniéndose a disposición para colaborar en lo que esté a su alcance para hacer posible que las innovaciones de la investigación lleguen a las personas que las necesitan.
Sin embargo, en la última reunión de la Comisión Interministerial de Precios del Medicamento (CIPM) compuesta por el Ministerio de Sanidad, de Hacienda y las Comunidades Autónomas, se ha decidido rechazar la financiación de estos nuevos fármacos alegando “criterios de racionalización del gasto público”, frenando la innovación terapéutica para un colectivo que se ha visto privado de ella durante muchos años. Una decisión en contrario hubiera sido una buena manera de celebrar el 40 aniversario de nuestra Sanidad; y, sin embargo, se ha dado la espalda a las personas aduciendo motivos de racionalización del gasto público. Simplemente, vergonzoso.
Aparecen ahora preguntas que deberían tener respuesta por parte de los gestores de nuestro Sistema Nacional de Salud. Por ejemplo, ¿De qué sirve la investigación si sus resultados no se ponen al alcance/servicio de las personas? ¿Por qué se aducen motivos económicos para no financiar un tratamiento a personas que han cotizado toda su vida? ¿Por qué se ignora el posicionamiento favorable de profesionales de la salud? ¿Por qué no se tiene en cuenta a la persona en los procesos de toma de decisiones ante los posibles riesgos de los tratamientos? Si se habla de racionalización del gasto público, ¿por qué no se valora el ahorro para el propio Sistema que estos tratamientos pueden ofrecer? ¿Por qué se descartan tratamientos para la enfermedad de Alzheimer? ¿Porque van dirigidos a personas mayores que no son “rentables” ni “productivas” en estos momentos, a pesar de haber sido parte activa de nuestra sociedad? ¿Por qué los sistemas públicos de salud no se han adaptado a estos nuevos tratamientos, a pesar de tener conocimiento sobre ellos desde hace tiempo? ¿Va el sistema a permitir que emerja una nueva forma de inequidad basada en lo que ya se está denominando “turismo de Alzheimer” en el que las personas adineradas (que cumplan los requisitos de inclusión) puedan desplazarse a otros países en busca del tratamiento, mientras que la mayoría no disponen de esa capacidad económica? ¿Qué intereses hay tras decisiones de este tipo? En definitiva, ¿por qué se ignora y margina el Alzheimer en el Sistema Nacional de Salud?
La decisión adoptada por la CIPM no tiene explicación. Desde CEAFA consideramos que el acceso a innovaciones terapéuticas es una cuestión de derechos, de dignidad y, sobre todo, de justicia. Pero también lo es de oportunidad y de futuro. España y su sanidad deberían ser los principales aliados de la investigación y de la innovación al servicio de las personas (como ya lo es en materia de publicaciones en esta materia). Y decisiones como ésta de no aprobar la financiación de los nuevos tratamientos sugiere lo contrario.
Pedimos a los responsables políticos que reconsideren su postura a la mayor brevedad posible, pensando en las personas antes que en cuestiones de “racionalización de gasto”. A pesar de todo, CEAFA sigue poniéndose a disposición del Ministerio y de las Comunidades Autónomas de nuestro país para avanzar en este nuevo reto en la lucha contra el Alzheimer.